Como coinciden en señalar los expertos, es una de las consecuencias de la ley catalana que entró en vigor hace un año.

Cifrada en un 42%, la drástica reducción de los pisos en alquiler en Barcelona es, como coinciden en destacar diversos medios de comunicación, una de las principales consecuencias de la entrada en vigor hace un año de la controvertida ley de la Generalitat de Catalunya que limita los precios del arrendamiento en los 60 municipios de 20.000 habitantes, considerados tensionados.

Según los análisis realizados por expertos inmobiliarios, dicha ley ha tenido por otra parte un impacto prácticamente nulo en las bajadas del precio del alquiler, reducido de forma similar en el mercado de Madrid, donde no hay control de rentas y donde los precios se pactan libremente entre las partes.

No ha habido, pues, un efecto directo de la ley catalana sobre la caída de los precios, sino que ésta es fruto una tendencia natural a la baja después de años de crecimiento y una posterior estabilización,

Cabe recordar que en Barcelona capital el precio del alquiler ya había comenzado a caer a principios de 2020, antes de la aplicación de la ley, que ha llevado a muchos propietarios a retirar su vivienda del mercado debido a la inseguridad generada y a valorar alternativas al arrendamiento.

La ley ha generado inseguridad y disparado la presión de la demanda, pero apenas ha incidido en la bajada de precios.

En cuanto a la importante caída del stock de vivienda disponible en Barcelona ciudad, ha disparado la presión de la demanda y provocado que cada vez sea más difícil alquilar una vivienda para una familia, como asimismo se destaca en las noticias publicadas esta semana.

La ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda vigente desde el 22 de septiembre de 2020 pretende contener los precios aplicándola en el caso de los nuevos contratos.

Según la Generalitat, la ley afecta a las viviendas destinadas residencia permanente y a las zonas con mercado de vivienda tienes, es decir donde hay riesgo de abastecimiento suficiente de vivienda de alquiler asequible y donde la carga para el pago del alquiler supere el 30% de la media de los ingresos familiares.

En estos casos, tal y como establece la ley, el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior si éste se firmó en los últimos cinco años y no podrá superar el índice de referencia de precios de la propia Generalitat de Catalunya.

Están excluidos de la ley los contratos suscritos antes del 1 de enero de 1995, los de protección oficial, de inserción, alquiler social, políticas sociales o los de carácter asistencial y alquiler social obligatorio.

Consulta aquí la ley catalana del alquiler.